TEXTO: Alicia de Navascués Fernández-Victorio, arquitecta y urbanista/Huelva. FOTOS: Mujeres 24H, Asnuci y Asociación Muticultural de Mazagón.

No han sido mencionadas en el Homenaje de Estado, tampoco han sido reconocidas en sedes parlamentarias, ni en los aplausos de las tardes y apenas en algún medio de comunicación más allá de su reducción a meras cifras. Por eso, este artículo está dedicado a mujeres que han realizado trabajos esenciales durante la pandemia, que han recogido alimentos imprescindibles arriesgando su propia salud, separadas de sus familias,  mientras la sociedad española, la sociedad europea,  se refugiaba  temerosa en su casa durante los momentos más mortíferos de la crisis del Covid-19. Son mujeres que han sido y siguen siendo grandes olvidadas.

El 18 de julio partieron de vuelta desde del puerto de Huelva las primeras 1.200 temporeras marroquíes contratadas en origen, “atrapadas” en la provincia onubense al final de la campaña debido al cierre de fronteras del reino alauita. Tras una travesía nocturna de siete horas llegaron al puerto de Tánger. Allí les esperaba aún un largo trayecto hasta sus pueblos, en el Marruecos interior, del que salieron a principios de año. 

Con seis viajes, el último previsto para el miércoles 29 de julio,  se dará por concluido el retorno a su país, demasiado tarde, de las más de 7.000 temporeras que han venido este año a la campaña agrícola onubense, muchas menos de las 20.000 demandadas por el sector empresarial. Estas mujeres llegarán a su hogar casi con dos meses de retraso,  tras una espera angustiosa en unas fincas en las que ya no les daban trabajo, en las que, por el contrario, consumían los jornales duramente ganados en gas, agua, luz y sustento, alojadas en instalaciones no preparadas para las elevadísimas temperaturas de los meses de junio y julio. En algunos casos enfermas o embarazadas, en todos los casos, agotadas. Si estas mujeres hubieran sido futbolistas de élite, hace tiempo que les habrían abierto las fronteras para regresar a casa.  

Algunas compañeras de los colectivos Mujeres 24H, Asnuci y Asociación Muticultural de Mazagón, fuimos a despedir al puerto onubense a las primeras de estas viajeras.  Era lo mínimo que podíamos hacer para agradecerles sus cuidados, el sacrificio que han hecho por nosotras, con un trabajo extenuante, duplicando, triplicando el de campañas anteriores,  supliendo los refuerzos que nunca llegaron, con jornadas prorrogadas, reventadas, agachadas, asfixiadas bajo plásticos a temperaturas muy superiores a los 27 grados  que la normativa laboral reconoce como nocivas para la salud. Estas mujeres valientes, fuertes pero muy vulnerables, madres, abuelas, hijas,  hermanas de familias muy necesitadas de sus exiguos  jornales,  mostraban alegría, alivio y felicidad por retornar por fin a casa, donde les esperan para  celebrar la tradicional Fiesta del Cordero que comienza el 31 de julio. Estuvimos con ellas mientras esperaban el embarque, tras pasar los test PCR que garantizan la seguridad sanitaria para sus familias. Hermosas, sonrientes, con sus manos pintadas, cantando, emitiendo su tradicional sonido gutural, el zaghareet, al que nos sumamos emocionadas, repitiendo continuamente “shukran” (gracias).

Esta campaña ha sido excepcional, la crisis sanitaria ha impuesto una drástica reducción de mano de obra, y por ello el trabajo de las temporeras marroquíes ha sido aún si cabe, más duro. Ellas mismas, las que repiten campaña, nos lo han contado.

Es necesario conocer las características de este sector feminizado e infravalorado por la sociedad española y europea.  Porque si algo ha demostrado la pandemia, es la importancia de actividades menospreciadas, como la agricultura. Se ha revertido la escala de valores, demostrando que los trabajos esenciales para la supervivencia del ser humano están vinculados a los cuidados de las personas, en su inmensa mayoría descargados sobre hombros femeninos: la salud, la atención a las personas dependientes y la alimentación. Las lavadoras Bosh y los coches Volkswagen no se consumen en emergencias mundiales, porque ni curan ni se comen; las frutas y hortalizas sí. Sin embargo los salarios, derechos y prestigio de peones de fábricas alemanas, inglesas, catalanas o vascas superan con creces los de las jornaleras a las que se mira con superioridad, consideradas el eslabón ínfimo de la cadena laboral en un sistema capitalista que nunca ha puesto la vida en el centro, que maltrata a temporeras, a trabajadoras del hogar y de los cuidados. 

Desde que en 2018 surgieran los escándalos de abusos laborales y sexuales cometidos sobre temporeras marroquíes en Huelva, nuestras organizaciones se han empeñado en conocer su situación real, la dureza del trabajo y el alcance de dichos abusos. A cuatro de ellas las hemos acompañado en sus denuncias, que aún se investigan en el  Juzgado de Moguer.

A la vista de ello, nos dedicamos a indagar las experiencias de otras temporeras españolas y extranjeras. Analizamos la normativa laboral, los convenios colectivos del campo y la regulación de los contratos en origen. Pudimos constatar que Huelva posee el peor convenio del campo de todo el Estado, con unas condiciones laborales muy duras, los jornales más bajos por 6,5 horas de trabajo en posturas permanentemente agachadas, con un único descanso de 30 minutos que no se cobra, con temperaturas que incluso superan los 40 grados bajo los plásticos de los invernaderos. Nos han descrito un trato deshumanizado en grandes explotaciones en las que se presiona a las trabajadoras para cumplir los objetivos de recolección que imponen los mercados mayoristas, las comercializadoras multinacionales intermediarias, sin permitirles cambiar de postura, ni hacer estiramientos o hablar entre ellas, incluso en algunos casos sin proporcionar agua fresca para evitar la deshidratación. Nos cuentan casos de mujeres mareadas y vomitando por el exceso de calor, la medicación diaria con antiinflamatorios para soportar dolores de espalda y piernas. También nos hablan de horas extraordinarias no pagadas, de “castigos” sin trabajo  al día siguiente si las trabajadoras no recogen la cantidad de fruta establecida por los encargados (conocidos como manijeros) o por falta de docilidad de las mujeres. No en todas las fincas sucede de igual manera, en empresas más pequeñas se mantiene la dureza extrema pero reconocen un trato más amable y menos vejatorio hacia las trabajadoras.

Para estas actividades de recolección de fruta, las más duras y peor pagadas del campo, se elige expresamente a mujeres, buscando docilidad por estar ellas menos empoderadas, por ser más vulnerables y capaces de aguantar lo que sea para llevar alimento a su familia. 

Con estas condiciones es comprensible que la oferta de trabajo agrícola no se cubra con trabajadores locales a pesar de la elevada tasa de desempleo de la provincia de Huelva. Las mujeres de aquí reconocen preferir, sin duda, trabajar en otros sectores también precarizados pero menos extremos, como la hostelería.  

Por ello se recurre al sistema de contratación en origen, muy alejado de la valoración autocomplaciente que hace el sector empresarial.  Por el contrario, el sistema se basa en una concepción utilitarista de la mano de obra, de usar y tirar, con una selección discriminatoria y contraria a la Constitución Española. Se va a buscar a Marruecos una mano de obra barata y vulnerable con un perfil específico: con una determinada edad, viudas o divorciadas, con hijos e hijas menores de 14 años a su cargo, para así garantizar su retorno al terminar la campaña agrícola. Durante el proceso de selección en Marruecos se les exige presentar el Libro de Familia con el certificado de matrimonio. Incluso se les pide que no estén obesas para aguantar muchas  horas agachadas. Mujeres rurales, que sólo conocen el árabe local, que no saben leer ni escribir, por lo que tienen graves dificultades para comunicarse, para comprender los contratos y finiquitos en español que les hacen firmar ya en Huelva, o para reclamar sus derechos. De hecho, hasta la  campaña 2019, y sólo como consecuencia del ruido mediático producido en 2018, no se han incorporado  mediadoras con conocimiento de árabe para atender a estas trabajadoras, aunque en número claramente insuficiente para atender a tantas temporeras. En 2019, para asistir a 14.411 mujeres, la Junta de Andalucía contrató a cuatro personas a través de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, y la gran patronal Interfresa contrató a nueve más a cargo de su novedoso PRELSI (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social). Es obvio advertir la falta de independencia de las nueve mediadoras del PRELSI ante la necesidad de denunciar a las empresas por irregularidades en los contratos, en los tratos recibidos, abusos de manijeros, etc. Este año el número de mediadoras no ha sido muy superior.

Incluso se ha dado la práctica ilegal de retirada del pasaporte por parte de las empresas para garantizar el retorno de las temporeras a casa.

Con todo, lo más doloroso para estas trabajadoras es que se incumplan los compromisos salariales que el sistema de contratación les ofreció. Que no se respete por parte de las empresas, ni se defienda desde los sindicatos, Inspección de Trabajo o los juzgados, el cumplimiento de la Orden Ministerial que regula la contratación en origen y que garantiza a estas temporeras un trabajo continuado de, al menos, el 75% de jornal habitual durante el tiempo que dure su permiso de trabajo en España, habitualmente de tres meses. Las temporeras llegan a Huelva habiendo realizado una inversión previa y con unas expectativas de ingresos que no se cumple en una parte significativa de los casos. Hemos comprobado que en las campañas de 2018 y 2019 se despidió a algunas temporeras sin haber transcurrido siquiera los 30 días de un pretendido periodo de prueba, habiendo salido a trabajar apenas 7 u 8 días.  Aplicar el periodo de prueba en un contrato en origen para tres meses es una estafa porque, lejos de beneficiar a las trabajadoras que pudieran estar descontentas, es utilizado por los empleadores para deshacerse de una mano de obra sobrante, poco dócil o mal calculada. Advertimos además que en las condiciones que entrega en árabe ANAPEC (Servicio Nacional de Empleo Marroquí) a las trabajadoras en Marruecos durante el proceso de selección se menciona un periodo de prueba de 15 días, pero ya en Huelva se les hace firmar un contrato en español en el que se recoge un periodo más largo y abusivo, de 30 días. En definitiva, con los escasos 300-400 euros netos conseguidos, estas mujeres  no cubren los gastos desembolsados para venir a nuestro país. 

Esta estafa salarial a las temporeras, año tras año, habría sido posible como resultado de un “fraude de ley” respecto a la Orden que regula la contratación en origen, como ha descubierto la investigación del medio digital La Mar de Onuba: según los datos del Ministerio de Trabajo, en 2019 el 99,9% de los 14.411 contratos en origen habría sido “por obra o servicio”, en vez de “contratos eventuales por circunstancia de la producción”, que es lo que corresponde ¿por qué no se ha controlado este descarado incumplimiento hasta la fecha?

Aún así, a las temporeras marroquíes les compensa volver año tras año porque en su país, por el mismo trabajo cobran muchísimo menos. Y de esta circunstancia se valen quienes siguen yendo a buscar fuera de España la mano de obra barata, femenina, de usar y tirar. Un criterio utilitarista que también sufren temporeras y temporeros migrantes de otras procedencias que malviven en asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva, a pesar de realizar los mismos trabajos esenciales, pero sus duras experiencias bien merecen otro artículo.

Quiero terminar reiterando la responsabilidad del sistema de mercado capitalista globalizado en las malas condiciones del  trabajo de las temporeras. El sistema se aprovecha de las necesidades de ingresos de mujeres que viven en países vecinos como Marruecos y del bajo poder social de negociación que tienen estas trabajadoras por su doble condición de mujeres y extranjeras. Contratándolas a ellas los salarios se mantienen bajos, la presión sindical se atenúa y se asegura el margen de beneficios para las empresas. No obstante, los beneficios del negocio se quedan en buena medida en manos de las grandes comercializadoras de productos agrícolas, que son europeas, francesas, alemanas, etc., que fijan precios muy bajos en origen y que los incrementan hasta más de un 400% en los supermercados.  Este sistema dificulta la rentabilidad y subsistencia de pequeñas explotaciones tradicionales en las que el trato a las trabajadoras y al medio ambiente tiende a ser más responsable. En Huelva están proliferando grandes explotaciones con capital externo en las que las temporeras son mano de obra precarizada y deshumanizada. En estas grandes fincas es donde hemos detectado los principales abusos. Pero también hemos conocido problemas similares en otros países centroeuropeos donde se emplea mano de obra más vulnerable, siempre procedente del sur (del sur de Europa, de África o Latinoamérica) o del este (de países como Rumanía o Ucrania). En 2019, de hecho, saltó a los medios de comunicación las denuncias de temporeros españoles y polacos en los Países Bajos sobre abusos muy similares a los que sufren las mujeres marroquíes en Huelva. 

Esta pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el sistema económico imperante, la necesidad de poner la vida en el centro. Ello significa romper la clásica división entre actividades de alto y bajo “valor añadido”, que hasta ahora se ha medido tan sólo en la capacidad de generar beneficios económicos, y no provecho para el bien común, para sostener la vida del planeta. Ello supone también deshacer el  injusto estigma de los países PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), graneros y huertas imprescindibles de Europa por una mera cuestión geográfica y de climatología. Revalorizando el sector primario, reivindicando una agricultura sostenible ambiental y socialmente, equiparando los salarios de base del sector agrario a los del sector industrial o de servicios, estaremos contribuyendo a eliminar la explotación de temporeras y temporeros. Nosotras tenemos también un papel que desempeñar a través del consumo responsable, siendo conscientes del trabajo esencial que hay detrás de cada kilo de fruta o verdura que compramos.