El 30 de septiembre, frente al Parlamento Andaluz en Sevilla, unos 300 ciudadanos y ciudadanas de casi 40 pueblos de las distintas provincias de Andalucía, se concentraron para clamar por un modelo energético distribuido, justo y verdaderamente sostenible. La convocatoria, realizada por ALIENTE, Alianza Energía y Territorio era el paso previo a la manifestación prevista en Madrid para este 16 de octubre.
Esta movilización ha contado con el apoyo de colectivos muy diversos, como el Sindicato de Estudiantes de Sevilla, Fridays for Future, FACUA, la Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, las plataformas vecinales de la capital y de numerosos pueblos, alcaldes y alcaldesas de diferentes localidades de las provincias de Granada, Cádiz y Málaga, representantes de grupos ecologistas, Marea Verde y los principales sindicatos agrarios, según explican en nota de prensa. En total, más de 150 entidades, entre colectivos, empresas, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales de Andalucía y estatales.

Participación ciudadana, ordenación y planificación son tres de los pilares básicos de las reivindicaciones de este movimiento ciudadano, y así lo han transmitido a los distintos partidos políticos que los han recibido en el Parlamento: PSOE, Unidas Podemos, los parlamentarios no adscritos de Adelante Andalucía y PP. Todos » han reconocido que esto tiene un gran impacto y que no está ordenado», según Luis Bolonio, portavoz nacional de Aliente.
Autoconsumo y autoproducción son otros puntos de la reivindicación y, como transmitió el portavoz de FACUA durante la manifestación, tiene mucho que ver con la factura de la luz: “llevamos muchos años vendidos a las eléctricas. Tenemos la oportunidad de democratizar el acceso a la energía, de que tengamos un autoconsumo que sea distribuido entre las personas” y esto debe fomentarse desde las instituciones. Para ello, algunas de las propuestas de ALIENTE son que se simplifiquen los trámites burocráticos para el desarrollo de autoconsumo y comunidades energéticas, y que se aumenten las partidas para ello procedentes de los fondos europeos.
Todos estos puntos han quedado registrados en el Parlamento en forma de iniciativa legislativa municipal para paralizar temporalmente el tsunami de megaproyectos. Para poder hacerla efectiva, se necesita el apoyo de 10 ayuntamientos de toda Andalucía que sumen 40.000 habitantes. Y este es el próximo objetivo de la organización, en el que ya está trabajando su voluntariado, en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

Renovables sí, pero no así
Según ALIENTE, «Andalucía está convirtiendo una oportunidad única en un error histórico». Y lo explican de esta manera: «La expansión masiva y desordenada de energías renovables sin control alguno de las diferentes administraciones supone la ocupación de miles de hectáreas con plantas solares, eólicas, estaciones eléctricas y líneas de evacuación. Una parte significativa de estas plantas de energías renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de especies de flora y fauna exclusivas de nuestros espacios andaluces, donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea. Entre ellas destacamos la avutarda, el sisón, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, ortegas y gangas, etc., todas ellas especies protegidas».
«En Andalucía hay proyectos presentados por un total de 22 GW de potencia fotovoltaica, cuando los objetivos nacionales a 2030 según el PNIEC son de 39 GW. Sólo en el Campo de Tabernas en Almería, la potencia fotovoltaica proyectada en esta comarca es equivalente al 5,4% de la planeada en toda España para 2030».
«La transición energética en España está en manos de entidades privadas como Naturgy, Iberdrola y Endesa, sociedades anónimas, impulsada por los inversores extranjeros. Blackrock es de los más grandes, pero el fondo soberano noruego también es uno de ellos. Esto está favoreciendo una nueva burbuja especulativa que convierte nuestros territorios en una fuente extractiva de beneficios a mano de los de siempre con unos márgenes de beneficios obscenos, mientras los precios de la factura de la luz no dejan de aumentar. No hay planificación para la expansión de las renovables, ni por parte del Estado ni de los Gobiernos Regionales. La política sólo atiende al número de gigavatios de producción; la selección de superficies se deja en manos de los empresas promotoras que se centran sólo en criterios económicos proyectando en áreas cercanas a los puntos de alimentación a la red de alto voltaje, y dentro de estas áreas, a su vez, en las tierras más baratas. Pero son precisamente estos suelos los que suelen tener la mayor biodiversidad, que ofrecen algunos de los últimos refugios para especies de aves en peligro de extinción, no solo en Europa, sino en algunos casos incluso en todo el mundo».
Así que, «ante la avalancha acelerada de megaproyectos, la ciudadanía informada no da a basto para organizarse y poder presentar alegaciones. Por otra parte, los habitantes rurales suelen tener poco músculo para oponerse a las empresas promotoras, ya que muchas comunidades de las zonas rurales están sufriendo un alto desempleo, y se aprovechan de esta difícil situación, a menudo sembrando la discordia entre los residentes al ofrecer una pequeña cantidad de dinero por sus tierras a unos pocos. Y si alguien no quiere vender, se recurre a una ley de expropiación heredada del franquismo. Muchos de estos proyectos suelen venderse y revenderse multiplicando su valor incluso antes de que lleguen a desarrollarse. Además se emplean prácticas fraudulentas para la implantación de los megaproyectos, como es la fragmentación».
«Hay que recordar también que el precio final de la electricidad lo marca la energía que en cada momento está más cara en el mercado. Esta es una medida completamente arbitraria diseñada para maximizar los beneficios de las eléctricas, vendiendo energías más económicas al precio que marque la más cara».
«Las energías renovables son energías intermitentes, por lo que se requiere del gas. En el mercado europeo, juegan con el pool eléctrico para inflar sus beneficios mientras esquilman los pantanos y nuestros bolsillos utilizando la energía hidráulica como competición al gas y se dejan parados los aerogeneradores en las horas diurnas desaprovechando energía barata para incrementar el precio de la factura».
«Andalucía lidera los índices de pobreza energética del país mientras oímos las promesas de que las energías limpias abaratarán el precio de la luz… Y es cierto que sería posible! Pero desde luego no con este modelo.
Por eso desde ALIENTE proponemos un modelo descentralizado, basado en el ahorro y la eficiencia energética, prevaleciendo el autoconsumo y el fomento de las comunidades y cooperativas energéticas, para que bajen realmente los precios. Tenemos la oportunidad de democratizar la energía, con una correcta planificación y ordenación de las instalaciones, basada en criterios de demanda local, proximidad de los centros de consumo y una medición real en los territorios y en la biodiversidad. Una transición energética que ponga de verdad la vida y a todos los seres en el centro. Sería un error histórico desaprovecharla».
Desde la plataforma ciudadana proponen «una moratoria temporal, que supondría la suspensión transitoria de las autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de más de 5MW, así como de sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando y que no estén vinculadas al autoconsumo o a proyectos de energía comunitaria. Nuestro objetivo es que en un plazo de entre 6 y 12 meses, se pueda hacer una correcta planificación con participación de la ciudadanía, como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente. Aprovechamos también para alentar a los ayuntamientos afectados, para que aprueben moratorias de licencias municipales a la instalación de este tipo de proyectos», concluyen.
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