María José Fariñas es catedrática de Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es profesora de Máster en Derechos Humanos y colabora con varias Universidades nacionales e internacionales. Tiene publicados numerosos artículos y es autora de libros como Mercado sin ciudadanía: Las falacias de la Globalización neoliberal, o Los Derechos Humanos: desde la perspectiva sociológica-jurídica a la “actitud postmoderna”.
Me encuentro con María José Fariñas en Carmona, al finalizar la sesión del curso que codirige en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide, con el título “Los Desafios a la Constitución del 78: Reformas y Continuidad. In Memorian a Rosario Valpuesta”. Un curso de debate sobre la Constitución española y su vigencia en el Estado actual. La necesidad de una reforma de la Constitución parece ser algo aceptado por la Ciudadanía. Ahora bien, ¿habría que entrar en un proceso constituyente?
– Desde 1978 hasta ahora la sociedad española ha cambiado mucho, ¿puede seguir siendo esta Constitución el marco jurídico que ampare a esta nueva sociedad?
– La Constitución es una norma jurídica, la norma básica, compuesta por una parte dogmática, que es la de los derechos, y otra orgánica, la de la estructura del Estado. Y existe mucho miedo a las reformas en la Constitución, casi pánico. Evidentemente, no es igual que modificar cualquier otra ley. La aritmética parlamentaria necesaria es mayor y se necesitaría un acuerdo de los partidos muy amplio. Pero sigue siendo una ley, una norma. La grandeza de las normas jurídicas en un Estado democrático es que se crean, se aplican, se interpretan y se cambian. Todas las normas son como una foto fija que se aplica a una sociedad que está en continua evolución. Y la sociedad española, en 40 años, ha cambiado mucho.
– ¿Tiene importancia el origen de esta ley, tras una dictadura?
– Se dice poco, pero la dictadura española fue muy dura, muy larga y muy violenta durante las cuatro décadas que duró. Se han usado muchos eufemismos, como “franquismo” para ocultar la violencia de la dictadura. Recordemos que solo unos meses antes de fallecer el dictador, firmó una condena a muerte de cinco personas, cuyo delito fue tan solo delito de opinión.
Entonces, al salir de esta dictadura, se configuró una Constitución que, aun siendo bastante buena, no abarca los cambios sociales que se han venido produciendo. Hay que cambiar muchas cosas y no hay que tener miedo. De hecho, ya se ha modificado el artículo 135 en 2011. Un cambio que, aunque no se ha comentado mucho, ha sido sustancial. Porque significa que se establece la regla del gasto y equilibrio presupuestario, lo cual parece algo técnico, pero no lo es: lo que se ha constitucionalizado ahí es el interés privado del poder económico, lo cual puede afectar al desarrollo de derechos. Quizás, ahora, es el momento de cuestionarse muchas cosas, entre ellas los cambios en la Constitución.
«Todas las normas son como una foto fija que se aplica a una sociedad que está en continua evolución»
– ¿Y cuáles serían los cambios mas importantes que habría que acometer?
– Hay varios aspectos para cambiarla en estos momentos. Quizás la voluntad política no esté tan decidida a acometer estos cambios, pero hay uno, en particular, que a mí me interesa mucho, y es la reforma social de la Constitución, que tiene que ver con los derechos sociales, que no están constitucionalizados como derechos fundamentales y, por lo tanto, no tienen la máxima garantía.
Después del cambio del artículo 135, en medio de una crisis económica y financiera brutal, se produce una medio salida de esa crisis que se ha hecho a costa del trabajo y de los trabajadores, fundamentalmente. Se ha devaluado el trabajo, se han perdido derechos, se ha perdido protección. Creemos que es el momento de abordar una reforma social de la Constitución, precisamente por todo esto. La salida de la crisis no es justa. Hay que reforzar algunos derechos sociales que, filosóficamente. son derechos y que en la Carta Magna están recogidos como Principios, estando a merced del Gobierno de turno y de la voluntad política del momento para desarrollarlos.
Es complejo, la técnica jurídica no es muy clara a este respecto. Incluso habría que incorporar derechos nuevos, como una renta básica. Porque, habitualmente, los derechos sociales se han vinculado al trabajo porque somos trabajadores. Pero, si hay un cambio de modelo social en el que no toda la ciudadanía tiene acceso al trabajo, habría que valorar la posibilidad de que esos derechos no pivoten sobre el trabajo, sino sobre la vida digna.
«La salida de la crisis no es justa»
También sería necesaria una revisión sobre el modelo territorial del Estado español. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Federalismo? España es un país más federalista de lo que pensamos, pero no se nombra. Y las palabras importan. El problema con Cataluña ha acentuado este debate. Y hay que ver cómo se realiza, porque no solo afecta a Cataluña, sino que afecta al Estado. El problema no es Cataluña, el problema es el Estado. ¿Cómo nos replanteamos el Estado español? Es complicado, pero hay que abordarlo.
Yo he venido a Carmona a dar una conferencia sobre el papel del Senado que, quizás, podría abrir el debate sobre el modelo territorial. Hay partidos, como Ciudadanos, que abogan por la eliminación del Senado. Sin embargo, yo sería partidaria de una reforma del Senado. Así, sirve de poco y carece de legitimación y aceptación: la ciudadanía lo ve como algo superfluo, sin funciones claras o útiles. Mi planteamiento es hacer del Senado, no una segunda Cámara, sino una Cámara de representación territorial, como el Bundesrat alemán. Quizás podríamos vincular la elección de sus miembros a las elecciones autonómicas. Y me aventuraría a decir que, si el Senado en España hubiera sido, desde el principio, una cámara representativa, mucho de lo que ha pasado ahora con Cataluña, habría sido diferente. Porque, el problema real es el reparto de competencias. Y eso son problemas políticos.
En España se intentan resolver problemas políticos con técnicas jurídicas, llegando a sobrecargar al Tribunal Constitucional con pronunciamientos. Si el Senado fuera de esta otra manera, sería allí donde se resolverían esos problemas políticos. Hasta ahora, los problemas de competencias de estas Comunidades Autónomas, se venían gestionando de forma bilateral. Si existiera este modelo de Senado, las relaciones pasarían de ser bilaterales a multilaterales, con un debate en profundidad de todas las autonomías, como por ejemplo el tema de la financiación. En Alemania, por ejemplo, estas relaciones son más fluidas: van y vienen. Se prioriza la capacidad de una buena gestión a la transferencia de competencias. Insisto, no habría que tener miedo a este debate.
– A esta Constitución le falta la perspectiva de género. Genera desigualdad. ¿Es necesario incorporar esta óptica feminista a las posibles reformas?
– En cuanto a su origen, es poco feminista. Había pocas mujeres constituyentes, tan solo 21 pudieron votarla, de un total de 350. Hay mucha deficiencia en la cuestión de género. Tenemos el ejemplo más claro con el artículo sobre la sucesión monárquica. Las mujeres constituyentes, por ejemplo, se salieron el día de la votación porque no estaban de acuerdo. Lo hicieron de forma testimonial. Y nadie, en estos 40 años, ha visto necesario cambiarlo. Necesitamos un nuevo pacto fundacional, no solo en la Constitución, sino en la sociedad española, de igualdad. No es solo un pacto de género, sino otro modelo de ver la sociedad, la política y la economía. Si todo lo hacen los seres clónicos, los hombres, el resultado siempre será el mismo. Cuando se incorpora a las mujeres, cambia la perspectiva. Y esa es la que ha faltado: faltó en el origen, ha faltado en estos años y aún cuesta mucho el cambio.
No puede seguir siendo la noticia el que haya más mujeres que hombres en el Gobierno. No tendría que ser noticia y, si lo es, algo está fallando en la base. Lo que ocurre es que las mujeres no estamos llegando. O llegamos muy poco. Antes, la excusa era que las mujeres no estábamos formadas. Ahora, que ya lo estamos, a pesar de los obstáculos, desaparecen: el efecto tijera. No hay mujeres en los altos cargos, ni a nivel público ni a nivel privado. Nos hemos ido quedando por el camino. No porque valemos menos, ni somos menos competitivas, sino por los elementos sutiles de la discriminación. Tampoco sería solo la maternidad, desde el punto de vista empresarial, sino por el tema de la conciliación. Porque, la conciliación no es solo cosa de mujeres, la conciliación es una cuestión social. Unas buenas leyes de conciliación son absolutamente necesarias, como los permisos de paternidad obligatorios e intransferibles.
Lo que se necesita verdaderamente es un cambio social, profundo, cultural. Y el cambio social es lento. Hemos mejorado mucho, pero es que partíamos desde cero. Es imprescindible educar en perspectiva de género, en todos los ámbitos sociales. Nadie se considera machista pero, al poner ejemplos de vida, empiezan a salir los micromachismos, algo que sufrimos todas las mujeres.
«La conciliación no es solo cosa de mujeres, la conciliación es una cuestión social»
– ¿Qué repercusión podrá tener para estos cambios sociales el descenso del estudio de las humanidades, en concreto la Filosofía, en la formación de estas nuevas generaciones? ¿Cómo es posible que no se hayan incorporado las mujeres filósofas al currículum de estudios?
– La educación es básica para cualquier cambio social. El hecho de que, efectivamente, se vaya perdiendo el estudio de las humanidades, me parece muy grave. La Filosofía te enseña a pensar. Pero pensar de una manera crítica, yendo a la raíz de las cosas. Genera dudas. Y es mucho más grave que no se conozca el feminismo. La filosofía política de los últimos dos siglos está hecha por hombres filósofos. Han existido filósofas y feministas, pero han sido invisibilizadas. Hay que incorporarlas. Y una formación feminista, de manera transversal, es imprescindible. El feminismo no es cosa de mujeres. El feminismo es una teoría filosófica y social de lucha por la igualdad.
Nosotras, en la Carlos III, creamos un Instituto de Estudios de Género. Nos costó años convencer a nuestros colegas de la Universidad de la necesidad del mismo. Nos decía el rector que eso era cosa de mujeres, y muestra respuesta fue que no son cosa de mujeres, sino de igualdad. Es un tema de derechos, y los derechos son de todos. Finamente, lo conseguimos. Después hemos querido crear un máster, que es el paso siguiente, y no lo hemos conseguido. El argumento es que “no vende”. Hacemos muchos cursos y seminarios, pero el máster no nos lo acreditan. Es la mercantilización de la vida, una mercantilización patriarcal. No es posible que no se estudie a Simone de Beavoir, ni que se tergiverse o menosprecie la teoría feminista cuando es una parte más de la Filosofía.
Líneas rojas que deberían estar apuntaladas en la Constitución
Los derechos son fundamentales, son la médula de la democracia. La democracia no es solo el esquema regulativo de las elecciones. Si así fuera, podría crear un partido político cuyo ideario sea racista, por ejemplo. No puede ser discriminatorio. Las líneas rojas son los derechos. Porque hay un principio de Igualdad en la Constitución. La democracia tiene un contenido axiológico, lo que se denomina la ética pública. Los derechos que hemos ido conquistando, no nos han caído del cielo, son conquistas sociales. Cuantos más derechos tiene una democracia, es de mejor calidad. Porque, una democracia no funciona si tiene márgenes de exclusión. Lo que llamamos crisis de la democracia viene dada por la exclusividad en la que está derivando. Todas las fobias, el renacer del racismo, la xenofobia, etc., están haciendo que la democracia esté en crisis. Y la crisis de la democracia se soluciona con más democracia. Están atentado a las líneas rojas.
Cuantos más derechos, más libertades tenemos, más integración social tendremos. Y, cuanta más integración social tengamos, mayor participación, con lo que más éxito tendrá. Por ejemplo, ¿por qué distinguimos entre los derechos de los inmigrantes y los nuestros? ¿Es que tienen otros? Son seres humanos, como nosotros, y los derechos son universales. También son suyos. Hay una mercantilización de los derechos. Es una concepción individualista y patrimonialista de los derechos en contra del concepto universalista de los derechos. No son algo que sobren o se regalen. Hay una criminalización de los pobres, de los migrantes, de los enfermos. Todo eso atenta a la democracia. Se ha roto la idea de la responsabilidad colectiva. Si hay personas viviendo en la calle, es un fracaso colectivo de una sociedad fallida. Hay que desenmascarar todo ese lenguaje mercantilista de los derechos.
El fracaso y la pobreza no es algo individual, es responsabilidad y fracaso de la sociedad colectiva. Lo es que haya todo un continente fallido como es África. ¿No tenemos en Europa ninguna responsabilidad por lo que pasa en el Mediterráneo? Al romperse la idea de la responsabilidad colectiva, se rompe la idea de la solidaridad. Y una de las claves que tampoco se ha afrontado es la política fiscal. Más allá de los delitos económicos y la corrupción, ¿cómo se mantiene el Estado? A través de impuestos al consumo, lo más regresivo y desigual, y las rentas al trabajo. La política fiscal es la base de la democracia. Hay que corregir la desigualdad a través de una buena política fiscal.
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