De los 28 focos que se han detectado de influenza aviar en Andalucía, hasta ahora, 22 están localizados en la provincia de Sevilla, ubicándose 10 en la Sierra Sur hispalense con un amplio radio de empresas damnificadas.

Más de 100 familias y cerca de 90 explotaciones avícolas se están viendo gravemente afectadas por los brotes de influenza aviar ubicadas en la comarca Sierra Sur. Los afectados piden ayuda y soporte a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España: “Nos hemos visto obligados al cese de la actividad, lo que conlleva la ausencia de ingresos”, explican Remedios Jiménez Haro y Rosario Fernández, ambas avicultoras, quienes ponen énfasis en que otros negocios están también afectados de forma indirecta ya que trabajan para el sector. “Pedimos ayuda desesperada y urgente”, reclaman.

El 14 de febrero se detectó el primer foco en Gilena, dando paso hasta 10 más en El Rubio, Pedrera, Estepa, Aguadulce y Martín de la Jara. Cada uno de ellos, explican las empresarias, “tienen un radio de 10 kilómetros de vigilancia, por lo que han sido afectadas hasta 90 explotaciones avícolas a raíz de la primera detección”.

Desde la Oficina Comarcal Agraria (OCA) les hacen llegar una carta en la que quedan prohibidos los movimientos de aves de cualquier tipo hasta que la situación epidemiológica sea favorable y dicha oficina informe al respecto. Esto, lamentan, “nos lleva a un cese de actividad obligatorio”.

Asimismo, explican las afectadas, “a las explotaciones que han dado positivo en influenza aviar se les exige un protocolo de limpieza y desinfección que debe ser certificado por la OCA, lo que implica una cuarentena a partir de la última nave que esté totalmente esterilizada y certificada por la Oficina Comarcal Agraria”.

Tras esa cuarentena –que todavía está por determinar– cuando puedan comenzar a trabajar, son necesarios entre 45 y 50 días de crianza de las aves. El cobro de la misma se realiza un mes o mes y medio después. Este procedimiento en el que se encuentran, inciden, “está provocando una situación en la que no tendremos ingresos económicos en varios meses”.

Actuaciones

La parte afectada ha redactado un escrito firmado por las 114 personas que tienen sus explotaciones cerradas. El documento ha sido registrado en la OCA de Osuna, en la delegación de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Ministerio de Agricultura y Pesca y en los Ayuntamientos correspondientes.

En dicho informe se solicita la realización de un estudio y valoración individual y proporcional a la cantidad de aves censadas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) para que se les indemnicen económicamente.

Sin tener actividad en las explotaciones, los afectados deben hacer frente a todos los gastos económicos fijos, como obligaciones fiscales (IBI y contribuciones locales), electricidad (el recibo tiene un gasto fijo aún sin consumir), gastos financieros bancarios (préstamos personales e hipotecarios), cuota de pago de la seguridad social, gastos cotidianos de una vida familiar, seguro obligatorio de explotaciones (tanto de retirada de cadáveres como de asfixia), desinfecciones especiales o extraordinarias y el alquiler.

Aunque la administración no ha dado respuesta alguna por el momento, los alcaldes de los municipios afectados se han reunido un par de veces con la OCA: “Ayer se nos comunicó que hoy estaban convocados a una segunda reunión en Sevilla los alcaldes de los pueblos en los que se han detectado brotes. Mañana nos contarán lo que haya salido de ese encuentro”.

Demandas

Para poder asumir esos gastos, solicitan una indemnización por cese de actividad obligatoria de 1,50 €/ m² al mes desde el inicio del vacío sanitario de cada explotación.

“Necesitamos que se tome con carácter prioritario y urgente nuestra petición”, reclaman. “Solicitamos que se adopten las medidas y ayudas económicas oportunas para que podamos satisfacer todas nuestras obligaciones financieras y económicas con el fin de no tener que llegar al cierre de nuestros negocios por falta de liquidez”.

La mayoría de las explotaciones que han firmado este documento, aclaran, “son pequeñas empresas familiares de donde salen sus únicos ingresos económicos, dejando expuesta y en declive la economía familiar, y viéndose además afectada con medidas extraordinarias de bioseguridad ante la gripe aviar tomadas por los facultativos de la Junta de Andalucía”.

Aportando toda la ayuda posible para el control y buena gestión del programa de vigilancia adoptado, concluyen, “queremos hacer saber que se tenga en cuenta por parte del organismo oficial pertinente que estas medidas impuestas ante las explotaciones conlleva a una situación de ruina total para todas las familias dependientes de las mismas”.

En persona

Rosario Fernández. Es avicultura y tiene una explotación con pollos de engorde. Era ama de casa y decidió invertir en una explotación avícola.

Remedios Jiménez. Es avicultura y tiene una explotación con pollos de engorde junto a su marido. Al jubilarse su suegro, recogieron el testigo de la nave que tenía y se hicieron cargo de ella.

Ambas exponen: “Somos dos avicultoras que nos vemos frustradas ante semejante situación. Nuestras explotaciones han estado exentas de gripe aviar pero estamos dentro del radio de los 10 kilómetros de vigilancia. Hablamos en nombre de los 114 avicultores afectados”.