La marcha, que arrancó el pasado 8 de enero en Almería, recorre toda Andalucía y ha llegado ya a la provincia de Sevilla. En la capital, punto de destino, estará el 8 de abril, para ‘gritar’ las condiciones labores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que emplea a más de 22.000 profesionales sociosanitarias en la comunidad, en su inmensa mayoría mujeres. La marcha, convocada por el sindicato CGT, tiene previsto acabar en el Palacio de San Telmo y ha convocado huelga general en el SAD de toda Andalucía para el mismo 8 de abril.
Antes de llegar a la capital, la marcha pasará por Dos Hermanas, el 2 de abril, en la que será la penúltima etapa en su camino a San Telmo. Desde la Plaza de la Constitución de la localidad nazarena, las participantes se dirigirán a FIBES, donde se estará celebrando el congreso nacional del PP, para «hacer ver a todos los y las congresistas cómo trata Moreno Bonilla a la dependencia en Andalucía, tanto a dependientes como a las trabajadoras y trabajadores de la atención domiciliaria», explica en un comunicado SAD CGT. Como en el resto de etapas, les acompañará la ‘abuela Paca’, en homenaje a las personas mayores y dependientes andaluzas, para exigir «poner fin a las listas de espera de la dependencia en nuestra comunidad autónoma».
Desprotección de un servicio esencial
Una de las principales reivindicaciones de las convocantes es que se reconozcan sus enfermedades laborales. En la actualidad, «la atención domiciliaria no tiene reconocida ninguna enfermedad laboral. Debido a los esfuerzos físicos continuados en el tiempo, ya que así lo requiere nuestra profesión, todas nos jubilamos antes de tiempo y con daños musculoesqueléticos irreversibles», denuncia Ana Richarte, trabajadora del SAD. Además, las auxiliares del SAD «son el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios por coronavirus». También exigen la remunicipalización de los servicios de ayuda a domicilio.
Para el colectivo, los servicios municipales en su mayoría «han sido puestos por los ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas que se lucran con la dependencia y que con beneficios millonarios explotan literalmente a personas que atienden a nuestros mayores y dependientes, fijándoles condiciones laborales leoninas y abusivas, sin respetar los convenios colectivos de aplicación y poniendo en riesgo tanto a las personas usuarias como a las propias profesionales, al racanear en la dotación de los Equipos de Protección Individuales (EPIs) y en las medidas de prevención de riesgos frente a contagios y a las enfermedades profesionales». Por eso piden una «dotación de EPIs suficientes, de calidad y homologados», «adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras embarazadas», «revisión de los convenios colectivos caducados e inclusión de pluses de toxicidad, peligrosidad, penosidad, etc.» y el «establecimiento de un valor neto por hora de trabajo en 10 euros la hora», y de «la jornada completa para el sector en 35 horas semanales como máximo, y la jornada mínima a tiempo parcial en 25 horas semanales», entre otras reivindicaciones.
La privatización supone «el encarecimiento del servicio como mínimo en un 26 por ciento, que va a parar por un lado a Hacienda y, por otro, a la empresa concesionaria lucrativa con la dependencia, cuantías que podrían revertir directamente en las personas usuarias y en las profesionales de la dependencia, si el servicio se prestase directamente desde la Administración municipal, evitando con ello además las condiciones de pseudoesclavitud que padece este personal sociosanitario».
De ahí que desde SAD de CGT exijan «el cese inmediato del lucro con las necesidades de atención sociosanitaria de nuestros dependientes y la eliminación de la subcontratación» de estos servicios, a la vez que reclaman que el colectivo «deje de ser de usar y tirar, se le reconozca la profesionalidad como personal sociosanitario que es», y la «dignificación» de sus condiciones laborales acordes a su responsabilidad y bien hacer.
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