Este 24 de septiembre, Sevilla es una de las 16 ciudades españolas que se movilizan en apoyo al Juicio por el Clima, denuncia contra el Gobierno presentada ante el Tribunal Supremo por organizaciones ecologistas y sociales.

El litigio, que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones, está impulsado por el movimiento de protesta Fridays for Future–Juventud por el Clima en España, para exigir justicia frente a la emergencia climática. Así, exigen medidas inmediatas, concretas y ambiciosas en respuesta a la actual crisis climática, incluidas en su Declaración de intenciones 24/9.

Desde Fridays for Future–Juventud por el Clima se destaca la urgencia de esta movilización: “Según el último informe del IPCC, lo que hagamos en esta década será decisivo, y se hace fundamental que los países multipliquen sus esfuerzos”. Añaden que “la crisis climática es una injusticia global, los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias.”

«Mientras se buscan respuestas urgentes frente a la COVID-19, se están tomando decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta. Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2, lo que requiere de decisiones políticas valientes, que introduzcan cambios ambiciosos de forma urgente. Estamos en un momento clave para evitar una crisis mucho más virulenta que la que el mundo ha experimentado con la COVID-19», aseguran los demandantes del Juicio por el Clima.

«España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero (GEI) por encima del límite establecido: en virtud de la Decisión 2002/358/CE sobre el reparto comunitario de esfuerzos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a nuestro país se le permitió incrementar sus emisiones en un 15% respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012, en lugar de tener que reducirlas como la mayoría de Estados de la UE. Lejos de respetar este límite, España incrementó sus emisiones hasta en un 22,8% durante ese tiempo, alcanzando un 51% en 2006, y hasta un 54% en 2007. Solo el impacto de la posterior crisis económica se tradujo finalmente en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad».

Primera demanda

En 2020, Ecologistas en Acción, Oxfam-Intermón y Greenpeace demandaron al Gobierno de España por no haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a finales de 2019, en cumplimiento de la normativa europea que obliga a todos los Estados de la Unión Europea.

“Hemos recurrido a la justicia como una herramienta de lucha más”, explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada del Juicio por el Clima.

El 17 de junio de 2021, las organizaciones ecologistas presentaron un nuevo recurso contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya formalmente aprobado. En esta ocasión se han sumado como demandantes Juventud por el Clima-Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Está basado, igualmente, «en la escasa ambición del plan en su previsión de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que es sólo del 23%, muy lejos del 55% que sería necesario para tener alguna posibilidad de no superar el 1,5o C de temperatura global y cumplir así sus compromisos climáticos internacionales».

El caso es que el Tribunal Supremo dio la razón a las organizaciones del primer proceso, frente a la pretensión de la Abogacía del Estado de que se terminara el proceso judicial por “pérdida sobrevenida del objeto litigioso”, tras la aprobación por el Gobierno del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo. Ahora, como los procesos no se han acumulado, ambos siguen abiertos y cada uno de ellos seguirá su curso procesal independiente.

España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo. En Holanda, Francia y Alemania ya se han llevado casos muy similares. Los litigios climáticos son procedimientos judiciales que pueden dirigirse contra los Gobiernos de los Estados, por su falta de acción ante el cambio climático o contra grandes corporaciones, por su actividad altamente contaminante. El objetivo es lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, así como la exigencia de responsabilidad por la falta de políticas de mitigación del cambio climático, que puede constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Aunque los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos no reconocen el derecho al medioambiente, hace tiempo que los más altos tribunales internacionales sí reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos.

La normativa sobre cambio climático en España

Como en el resto de los países europeos, las reducciones de las emisiones se hace en dos grandes bloques, cada uno de ellos con varias normativas propias.

●  Sectores Regulados que son aquellos sectores industriales y energéticos que están sometidos al Mercado Europeo de Emisiones y suponen en torno al 40% de las emisiones. Mediante la Ley 1/2005 se regula un proceso por el que se conceden unos Derechos de Emisión Gratuitos a las distintas industrias reguladas. Este sistema ha generado numerosos problemas, siendo ineficiente y generando sobreretribuciones en distintos sectores como el cemento.

●  Sectores difusos suponen aproximadamente el 60% de las emisiones, e incluyen sectores tan importantes como el transporte o la agricultura. En este caso la maraña legislativa es mayor, ya que encontramos desde inclusiones de artículos específicos en leyes, reales decretos u órdenes ministeriales, y medidas impositivas nacionales y regionales, entre otras muchas herramientas. La regulación de estos sectores es la única que a nivel europeo desglosa objetivos por país, un reparto recogido en el Reglamento de Esfuerzos Compartidos que favoreció enormemente a España, de forma que en estos sectores no se han puesto en marcha aún mecanismos capaces de reducir el impacto climático de estos sectores.