En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la asociación Servicio Doméstico Activo de Madrid (SEDOAC) y Alianza por la Solidaridad – Action Aid, exigen medidas para quienes se encuentran en la economía sumergida que eviten el colapso del sector, muy precarizado. Las medidas anunciadas por el Gobierno para quienes pierdan su empleo o casi todos los ingresos, al resultar afectados por la crisis generada por la pandemia de coronavirus, no son suficientes para las cerca de 630.000 personas, mujeres migrantes en su inmensa mayoría, que trabajan como empleadas del hogar y cuidados de terceros.
En concreto, habrá un subsidio, equivalente al 70% de su base de incapacidad temporal durante un mes, sólo en caso de despido. Es decir, exige que los y las trabajadoras estén dadas de alta en la Seguridad Social cuando se suspendan sus contratos, reduzcan la jornada o pierdan el empleo. Y ahí está el problema, según Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, con quien hemos contactado vía telefónica: «¿Qué pasa entonces con la economía sumergida?», se pregunta. «Estamos hablando del 40 por ciento del total, mucho más según nuestra percepción, aunque no tengamos datos oficiales, trabajadoras que hoy están en situación de necesidad y que no tenían permiso de trabajo, o no estaban dadas de alta por sus empleadores en la Seguridad Social».
Las trabajadoras del hogar se sienten desprotegidas. «En esta situación queremos salir a la calle con tranquilidad, pero ¿cómo lo hacemos, sin justificante? Muchos empleadores se niegan a darnos el justificante. Y si te quedas sin empleo, es más difícil encontrarlo en este momento», explica Carolina. Y es que muchos empleadores se niegan a firmarles certificados individuales de desplazamiento por motivos laborales, por lo que se enfrentan a multas entre 601 y 13.000 euros.
«Nosotras queremos contribuir a la sociedad española y de hecho lo hacemos cuidando de los hogares o de las personas más queridas y que más lo necesitan, pero necesitamos seguir exigiendo igualdad con el resto de los trabajadores de este país. No somos ciudadanas de segunda clase. Existen responsabilidades por parte de quienes han querido mantener al sector en la informalidad y la falta de derechos», argumenta la presidenta de SEDOAC.
Con todo, Carolina lanza un mensaje de ánimo: «Esta crisis va a pasar, queremos seguir trabajando en este sector, pero en unas condiciones justas y dignas», concluye.
Los cuidados, imprescindibles
La crisis del coronavirus demuestra que las empleadas del hogar siguen siendo imprescindibles en esta crisis, pero su situación se ha precarizado aún más en estas últimas semanas, en las que se han producido despidos masivos, jornadas extenuantes debido al confinamiento de las familias para las que trabajan o escasas, cuando no inexistentes, medidas de protección ante el coronavirus. Así, muchas de ellas, tras ser despedidas, no tienen prestación por desempleo temporal y, en muchos casos, su trabajo se está reduciendo a llamadas puntuales para hacer una ‘limpieza general’, lo que disminuye considerablemente sus honorarios. Otras muchas, que tienen que cuidar de los hijos menores, ahora sin colegios, deben dejar sus empleos precarios. En el caso de las empleadas internas, están viendo limitadas sus horas de descanso, ya que no se puede salir a la calle salvo para compras y acaban trabajando muchas horas. Hay muchos casos en las que no les dejan salir a sus hogares de fin de semana por temor de sus empleadores al contagio, denuncian en un comunicado.
Esta situación se está cebando más con aquellas personas en situación irregular, que ya vivían con miedo a ser detenidas y enviadas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde estarían incomunicadas y de donde podrían ser deportadas. Según la Ley de Extranjería, las trabajadoras deben permanecer tres años en situación irregular para poder acceder a la residencia por arraigo social, lo que les relega a los peores empleos.
Las asociaciones del sector, en el que trabajan 630 mil mujeres, quieren resaltar que a la falta de prestación por desempleo (son el único colectivo que carece del mismo) se suma que sus cotizaciones no tienen en cuenta su salario real, la inexistencia de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la inexplicable ausencia de España, como país ratificante, del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo OIT , que sería un primer paso hacia la equiparación de sus derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras.
Alianza por la Solidaridad -Action Aid España, que colabora desde hace años con este colectivo precarizado e invisibilizado, recuerda la importancia de apoyarlo, más si cabe en estos momentos. En febrero de este año, el informe elaborado por esta organización fue presentado al relator sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, quien durante una visita a Madrid se acercó a conocer de primera mano a sus representantes. En su informe final, Alston reivindicó la urgencia y necesidad de poner en marcha medidas específicas para las trabajadoras de hogar en España, al considerar que es uno de los grupos sociales exentos de protección.
Comentarios: 1 reply added