El pasado 6 de marzo el grupo parlamentario de Podemos Andalucía presentó un texto alternativo al proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se modificaba la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Se trata de una propuesta que, además de recoger las principales reivindicaciones del movimiento feminista tras las movilizaciones del 7N, incluye un capítulo II bis de medidas de prevención específica dirigidas a hombres y potenciales agresores. La aprobación de estas medidas, en cuya redacción ha participado algunos de los miembros del movimiento de Hombres por la Igualdad, supondría un importante avance en la incorporación de hombres y niños a la lucha contra las desigualdades de género y las violencias machistas. La propuesta de Podemos no fue aprobada, pero el debate sobre estas medidas no está cerrado ya que ahora queda todo el proceso de tramitación en el que partidos, entidades y comparecientes pueden proponer enmiendas. Así que, un grupo de hombres que están por la igualdad y se sienten parte de los feminismos han puesto en marcha esta iniciativa de apoyo a la aprobación de estas medidas. Hay un amplio listado de los promotores y las más de 250 personas que, hasta este momento, se han adherido a la iniciativa. “Nuestro principal objetivo es abrir un debate sobre este asunto, por lo que más allá del apoyo y la difusión, esperamos conocer lo que las mujeres feministas opinan sobre estas propuestas”, aclara Hilario Sáez Méndez, miembro del Foro de Hombres por la Igualdad y presidente de la Fundación Iniciativa Social, quien vuelve a pasar por La Giganta para analizar la relevancia de este tema.
– ¿En qué consisten las propuestas del texto aludido?
– La aprobación de las medidas de prevención específica dirigida a hombres y potenciales agresores que promovemos con esta iniciativa suponen la primera propuesta legislativa que asume este objetivo de manera detallada y explícita. Entre estas medidas se plantea la necesidad de que las administraciones públicas de Andalucía promuevan “programas y actuaciones de prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género dirigidos específicamente a hombres”. Los Programas de Hombres por la Igualdad son la mejor herramienta para acabar con las profundas causas estructurales que provocan las violencias machistas.
Junto a esta medida de prevención general, la propuesta añade la obligación de que la Junta de Andalucía ponga “en marcha programas de intervención con agresores potenciales como forma de prevención y reducción del riesgo de las violencias machistas”. Este es el terreno donde más y mejor se puede prevenir las manifestaciones de violencia más extremas y dónde poco o nada se está haciendo.
Para ello, la propuesta plantea “formar a profesionales de los distintos sistemas públicos de protección y promoción social en la detección de potenciales agresores y en la intervención con hombres para prevenir, contener y reducir las violencias machistas, así como promover la Igualdad y los buenos tratos”.
Se propone, además, elaborar protocolos de intervención con “potenciales agresores, mediante programas de formación en valores de Igualdad y medidas de resolución pacífica del conflicto”, para “valorar, reducir y, en su caso, alertar sobre los niveles de riego de agresión de los potenciales agresores”. Señorías, no es posible valorar ni reducir riesgos sin intervenir con los agresores.
Para garantizar el adecuado desarrollo de estas medidas, la propuesta plantea la creación de un “Programa Andaluz (…) encargado de promover, apoyar, coordinar y evaluar las actuaciones en esta materia de todas las administraciones en Andalucía”. Es decepcionante que no lo haya habido todavía, cuando Andalucía ha sido pionera en este tipo de iniciativas.
Estas garantías incluyen que “los programas y actuaciones en esta materia contarán con financiación propia que no podrá detraerse ni significar merma de la financiación de los programas de igualdad y violencias machista ya destinados a mujeres”. Así como las recomendaciones de la ONU para que “Los programas de intervención con agresores potenciales (…) sean acreditados y supervisados por los organismos públicos responsables en materia de Igualdad y no puedan compartir recursos o instalaciones con los de atención a víctimas de las violencias de machistas”.
Las medidas proponen, también, “El estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de su relación con las causas de las violencias machistas”, así como “de las motivaciones, circunstancias y consecuencias de las violencias de género para los hombres que las practican”, dos cuestiones imprescindibles para poder conocer y prevenir las motivaciones y las causas estructurales que la propician.
«Los Programas de Hombres por la Igualdad son la mejor herramienta para acabar con las profundas causas estructurales que provocan las violencias machistas»
– Sostenéis que su aprobación supondría un importante avance en la incorporación de hombres y niños a la lucha contra las desigualdades de género y las violencias machistas que viene demandando el movimiento feminista global desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995. Cuéntanos.
– El conjunto de medidas propuestas ayudaría a conseguir el cambio de paradigma que viene reclamando el movimiento feminista: el paso de una concepción reduccionista y victimizante de la violencia de género, entendida como la que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, de parte de sus parejas o exparejas, a un nuevo concepto de violencias machistas que no solo amplía los tipos de delitos más allá de la pareja, sino que plantea un verdadero cambio de perspectiva.
Se trata de cambiar el foco pasando de quienes las sufren (las víctimas y sus circunstancias); a quien la produce (los agresores, sus motivaciones y la cultura machista que las justifican); y a quienes tiene la responsabilidad de prevenirla y erradicarla (las instituciones públicas).
Es hora de un cambio en nuestra concepción de las violencias machistas que la defina como “aquella que ejercen los hombres sobre las mujeres para mantener la supremacía y los privilegios que se les atribuyen por el mero hecho de serlo”. El problema no es cómo son las mujeres que sufren las violencias machistas, sino cómo son los hombres que las ejercen sobre ellas.
Como vienen reivindicando el movimiento feminista y establece el Pacto de Estado, los poderes públicos deben asumir la necesidad de garantizar una atención social personal integrada a todas las víctimas de violencias machistas, sin obligatoriedad de que medie o vaya a mediar denuncia o resolución judicial. Para esta atención social integral debe bastar un dictamen técnico emitido por un organismo público competente en materia de violencia de género.
El derecho a esta atención y a un catálogo de prestaciones suficientes, garantizadas y coordinadas por la Junta de Andalucía, debe ser reconocido como un derecho subjetivo de las víctimas. Las Administraciones públicas tienen que asumir sus responsabilidades y no hacer dejación de ellas teniendo que presionar a las mujeres para que denuncien lo que las instituciones no detectan.
«Se trata de cambiar el foco pasando de quienes sufren la violencia, a quien la produce y a quienes tienen la responsabilidad de prevenirla y erradicarla»
– La incorporación del hombre en la lucha por la igualdad es vital, ¿lo asume la sociedad y las instituciones como tal?
– La necesidad de incorporar a los hombres a esta lucha por la igualdad es un objetivo del movimiento feminista global desde, al menos, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, en cuya duodécima resolución ya se “alienta a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de mujeres y hombres”.
Desde entonces han sido muchas las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales en este sentido. La más reciente es la del Convenio de Estambul en cuyo artículo 12.4 se establece que “Las Partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los miembros de la sociedad, en particular los hombres y los niños, a contribuir activamente a la prevención de todas las formas de violencia”.
Lamentablemente todas estas recomendaciones sobre la incorporación de hombres apenas han sido aplicadas por los gobiernos estatales, regionales y locales a los que iban dirigidos. En el caso de España, solo la Comunidad Autónoma Vasca plantea en su legislación “medidas para fomentar la implicación de los hombres como un complemento necesario y no como un obstáculo para la consecución de dicho objetivo, ni en menoscabo de los recursos destinados al mismo”.
La creación del Programa Gizonduz, dependiente del Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE), es el único ejemplo de la existencia de políticas de igualdad específicamente dirigidas a hombres a nivel autonómico.
Junto a este programa del País Vasco, existen ejemplos de programas locales como el Programa de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, creado en 1999, que ha sido el pionero y servido de inspiración para el resto de actuaciones en esta materia; el más breve y desconocido de la Diputación de Sevilla entre 2004-2006; o el Servei de Atenció a Homes (SAH) y el programa Canviem-ho del Ayuntamiento de Barcelona que, en estos momentos, representa el ejemplo más ambicioso y sistemático de intervención con hombres desde las Administraciones locales, ya que no se limita a la organización de algún curso, taller o charla esporádica sobre el tema con motivo de alguna fecha o por interés personal de alguna técnica o responsable de Igualdad, como es caso de la mayoría de las pocas administraciones que siguen haciendo algo sobre esta cuestión.
«Cada vez son más las expertas, técnicas y responsables de políticas públicas, así como las activistas, que plantean la necesidad de políticas feministas para hombres»
Aunque estas experiencias son buenos ejemplos de la viabilidad y conveniencia de trabajar con hombres para promover la igualdad de género y prevenir las violencias machistas, hay que reconocer que han existido (y existen) resistencias a este tipo de planteamientos. La principal sigue siendo de los propios hombres a los que van dirigidos estos programas, ya que la igualdad plantea retos y supone pérdida de privilegios. Esta resistencia es también evidente en el manifiesto desinterés de muchos de los hombres con responsabilidades políticas que deberían ser ejemplo del necesario cambio de los hombres.
A pesar de ello, existe un cierto “movimiento de hombres por la Igualdad” que ha venido reclamando la necesidad de este tipo de políticas y desarrollando actividades e iniciativas dirigidas a hombres a través de entidades, grupos y colectivos. Por otra parte, cada vez son más las expertas, técnicas y responsables de políticas públicas, así como las activistas, que plantean la necesidad de políticas feministas para hombres.
Sorprende, sin embargo, la falta de interés de los poderes públicos. Se trata de una falta de interés incrementada por la falta de recursos existentes para todo tipo de políticas de Igualdad. La mayoría de los programas e iniciativas en este terreno han sufrido unos recortes que, dada la precariedad de la que partían, han hecho que casi desaparezcan. Un ejemplo temprano de estos recortes es el del Servicio de información y orientación telefónica y on-line en materias y en cuestiones relacionadas con los hombres y la igualdad de género, puesto en marcha por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en diciembre de 2009 y desaparecido un año después junto con el Ministerio de Igualdad.
Desgraciadamente esta falta histórica de interés de los poderes públicos se prologa hasta el presente. De las 212 medidas que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, solo 11 pueden considerarse específicamente dirigidas a hombres, y solo dos pueden considerarse preventivas, ambas dirigidas a jóvenes (la 5 y la 195). Como si con el resto de los hombres ya no hubiera o no se pudiera intervenir.
Las restantes medidas se centran en el maltratador y tienen un carácter punitivo. Más allá de la necesidad de acabar con toda forma o resquicio de impunidad de los maltratadores, parece evidente que las medidas meramente punitivas no van a acabar con este fenómeno y que, si de verdad se apostara por una estrategia preventiva, las medidas específicamente dirigidas a hombres tendrían mucha más presencia.
Sobre la sentencia de ‘la manada’ y la violencia patriarcal
Desde Hombres por la Igualdad comparten la indignación y la alarma social que ha provocado la calificación de un claro delito de violación como mero abuso sexual. El mensaje que se manda a las potenciales víctimas y agresores es terrible: muchas mujeres se verán reafirmadas en su sensación de que no se las cree, incluso con evidencias como las que había en este caso, y muchos chicos pensaran que “la cosa no es para tanto”. Afortunadamente, la reacción del movimiento feminista ha sido tan rotunda y clara que es posible que este caso marque un hito en la lucha contra las violencias sexuales que habían sido relegadas con la reducción de las violencias machistas al marco de las relaciones de pareja.
Las violencias sexuales siguen siendo una parte muy importante de las violencias machistas, cuantitativa y cualitativamente. El miedo a ir por la calle o la necesidad de callar y bajar la mirada en las numerosas situaciones de acoso que cualquier mujer experimenta a lo largo de su vida es un mecanismo de sometimiento colectivo que opera en un doble sentido. Por una parte, enseña a las mujeres a tener miedo, a someterse y tolerar estas agresiones que, después, también se pueden experimentar en otras situaciones de violencia machista cotidiana como puede ser un conflicto o pelea de pareja, con un amigo, compañero de trabajo, etc. Por otra, obliga a las mujeres a buscarse un protector que la salve del peligro de ser una mujer libre, una “cualquiera”. La protección suele ofrecerse a cambio de la sumisión y muchos hombres nos sentimos “buenos” simplemente porque no somos tan “malos” como los peores de nosotros.
En el caso de la sentencia de la manada es muy significativa la valoración de la situación como “jolgorio y lujuria” del juez que ha emitido su voto particular. Aunque ahora se le pretenda descalificar como una situación “personal”, lo cierto que es todos los hombres que compartimos el modelo de sexualidad hegemónica de la pornografía mainstream podemos compartir la situación en el que ser “violando” por cinco mujeres sea una fantasía sexual y no el terrible acto de deshumanización y violencia que en realidad supone.
Por otra parte, la negociación interna que se ha debido dar entre los tres magistrados para emitir una sentencia tan poco rigurosa, me parece que apunta a los “pactos de silencio” que tan frecuente hacemos entre hombres. Si la torpeza del ministro Catalá no lo remedia, la sentencia no va a sostenerse en las apelaciones que se van a hacer en instancias superiores y es probable que el magistrado redactor haya apostado por establecer los hechos probados que justifican la condena como agresión sexual pero haya acordado la calificación como mero abuso para negociar la mayoría de una sentencia condenatoria.
Aunque este chalaneo con los derechos fundamentales de las personas es deleznable, conviene no olvidar que la sentencia ha sido condenatoria, no solo en términos jurídicos, sino de la opinión pública. Ver pancartas en canchas de deportes diciendo “yo sí te creo” o escuchar a la afición del campo de Osasuna cantar “no es abuso, es violación” es una “sentencia” mucho más importante y decisiva que la que emita cualquier tribunal. Sobre todo, porque en estos momento se estaba instalando una “cultura de la violación” asumida por muchos jóvenes como parte de sus “hábitos de ocio nocturnos”. Cada vez son más los casos de este tipo de violaciones grupales en el que se usan alcohol y drogas para acabar con la voluntad y la resistencia de las mujeres. Es urgente que las instituciones públicas establezcan protocolo de detección y atención a estos casos porque si no quedarán en la impunidad.
Por último, me gustaría apuntar a las causas políticas de este tipo de violencia. Como ha venido a demostrar el último caso de asesinatos terroristas con furgoneta en Toronto, en que el autor era miembro de Incel (unos de los movimientos supremacistas de la alt-right) y las víctimas fueron mayoritariamente mujeres, estamos ante el surgimiento de un fenómeno de violencia fundamentalista hacia las mujeres que merece la pena no perder de vista pues forma parte fundamental de la estrategia reaccionaria de ‘Odio crudo’ que lleva a la deshumanización de género y en general de nuestras sociedades.
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