En ‘Un libro de mártires americanos’, de Joyce Carol Oates, un hombre devoto de su dios se arroga la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de un médico abortista. Y, de paso, sobre la vida de mujeres que quieren abortar. Antes, durante y después, devotos y devotas como él, armados de biblias y de fe, hacen noche a las puertas de las clínicas, increpan a estas mujeres, sus acompañantes y a cualquier profesional médico y sanitario que las ayude. El libro, cuya trama no voy a destripar más por si se animan a leerlo si no lo han hecho ya, transcurre en Ohio, Estados Unidos y data de 2017. Joyce Carol Oates suele diseccionar entre géneros lo que pasa en su país. En este caso, expone el fanatismo religioso, el derecho al aborto y la pena de muerte sobre una camilla quirúrgica fría y metálica, aunque la redención salga aflorando siempre. También las mártires, por supuesto.
Saliendo del Ohio de la novela y metiéndonos en el Texas real, el Tribunal Supremo ha ratificado una ley de este estado donde se prohíbe el aborto, incluso en casos de violación o incesto. En nuestra Europa, cada país tiene autonomía para legislar sobre derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto, según recopila AmecoPress. Hace poco, el Tribunal Constitucional de Polonia prohíbe abortar en caso de malformación del feto. En países como El Vaticano y Malta, es ilegal interrumpir el embarazo de forma voluntaria. En Andorra, además, se imponen penas de hasta dos años de cárcel por abortar o ser cómplice. En Gibraltar se aplica la cadena perpetua a la mujer que aborte dentro de su territorio. En otro grupo de países como Finlandia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Gales, Irlanda, Mónaco y Chipre se permite practicar el aborto en caso de incesto, violación, malformación en el feto o salud mental de la madre.
Abortar es legal en el resto de los países europeos, aunque con diversas casuísticas, de nuevo citando a AmecoPress. En Italia y Grecia, el aborto es voluntario durante los primeros 90 días de embarazo. En Francia, dentro de las primeras 21 semanas. En Reino Unido, hasta la 24 semana de gestación, o en cualquier momento si hay peligro para la salud del feto o de la mujer. En Austria, se puede abortar antes de que se cumplan las 16 semanas de gestación y para las menores de 14 años el plazo es más flexible. En Dinamarca, es posible abortar hasta el segundo trimestre. En Suecia, hasta las 18 semanas, con evaluación si hay problemas de salud en la mujer. En Portugal, se puede abortar con consulta previa de psicología y asistentes sociales y pagando una tasa. En San Marino se acaba de aprobar el aborto legal en un histórico referéndum.
En todos estos países con aborto legal, cada vez son más frecuentes las reacciones antiabortistas. Al estilo estadounidense de grupo de presión organizada, con respaldo eclesial. A nivel legal, el modus operandi suele ser ir poniendo obstáculos en el camino a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, con lo cual algunas se quedan fuera. La objeción de conciencia del personal médico es uno de los escollos más difíciles, pero también hay que enumerar los llamados requisitos previos, la falta de formación e información, y, por supuesto, el acoso de grupos religiosos y/o ultras.
Y así llegamos a España, donde tenemos una ley del aborto que fue aprobada en 2010, hace pues once años, y permite que las mujeres podamos interrumpir voluntariamente nuestro embarazo en las primeras 14 semanas (con periodo de reflexión de tres días y sobre informativo), o a las 22 o 24 semanas, si existe enfermedad, sobre todo si la mujer corre riesgo o si hay malformaciones en el feto. Las menores de 16 y 17 años necesitan el consentimiento de las madres, padres o tutores legales. Esto, sobre el papel, porque luego en cada comunidad autónoma las situaciones pueden ser muy diferentes. Y, si no, que se lo digan a la mujer que hace tan solo unos días denunció que todos los ginecólogos del Clínico San Carlos de Madrid, público, se negaron a practicarle un aborto, a pesar de que conllevaba riesgo para la vida de la mujer, que tuvo que recurrir a una clínica privada, de pago. Como llegó con desprendimiento de placenta, la intervinieron esa misma tarde, pero lo habitual es tener que esperar mucho más. Como ella, la mayoría de las mujeres españolas que quieren abortar, según la misma ministra de Igualdad, Irene Montero: 8 de cada 10 abortos se acaba realizando en centros privados. En La Rioja, por ejemplo, no se practica el aborto ni en centros públicos ni privados, porque todo el personal médico se ha declarado objetor, y obligando así a las mujeres de esta comunidad a viajar a otros sitios. La pandemia y el confinamiento ha puesto aún más obstáculos a las mujeres para ejercer su derecho.
Por cierto que su ministerio, el de Igualdad, lleva meses diciendo que es urgente blindar este derecho por ley, pero estamos a la espera de la anunciada reforma de la ley orgánica de 2010 para eliminar la necesidad del consentimiento paterno-materno en el caso de las menores de 16 y 17 años, entre otras cosas. La reforma quiere garantizar, además, que cualquier mujer pueda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público, cercano a su domicilio y elegir el método para llevar a cabo el aborto, y crear un registro de objetores.
El Gobierno acaba de llevar al Congreso penalizar el acoso ante las clínicas abortistas públicas, lo que implica la modificación del Código penal para castigar a aquellas personas que se dediquen a increpar y acosar en las puertas de estos centros. Usan para ello pancartas, imágenes de fetos, fotomontajes, simulacros de ataúdes para bebés, velas y demás parafernalia religiosa. En Córdoba, un grupo de mujeres que no llega a las veinte personas para que no puedan disolver la protesta por ilegal, ya que no la han comunicado a la Delegación del Gobierno, lleva días protestando a las puertas de la clínica Gynetrisur, “rezando por la vida del no nacido” y están organizadas. Tal y como refleja Oates en su novela, mucho más efectiva a la hora de relatar la angustia de esas mujeres que, por mucho que haya leyes que digan que pueden decidir libremente sobres sus cuerpos, resulta que en la vida real, no es así.
Y en esta España nuestra, seguimos también pendientes de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto de 2010, la que rige. Así que el aborto sigue siendo un derecho reconocido pero sin conquista real. No, no es libre, seguro ni gratuito. Para serlo, la mujer que quiera abortar no tendría por qué recoger ningún sobre informativo con recursos donde habitualmente se incluyen clínicas ligadas a intereses religiosos y antiabortistas. Ni tendría que tomarse tres días para reflexionar sobre una decisión que ya ha tomado. Ni tendría que encontrarse con objetores de conciencia en hospitales públicos. Ni tendría que desplazarse a otra comunidad para ejercer su derecho. Ni tendría que recurrir, pagando, a una clínica privada, si es que puede hacerlo. Ni tendría, si es menor y sin consentimiento de sus padres, que abortar clandestinamente con píldoras del día después. Ni tendría que aguantar insultos, humillaciones, acoso, hostigamiento, de lobys organizados, ultras, católicos o mezclados. Ni tendría que arriesgar su vida, ni su salud. No tendría que ser una mártir.
Comentarios: Sin respuestas