TEXTO: Ana M. Ramírez M. Periodista y comunicadora social.
Luces y sombras de ciudadanos y ciudadanas que permanecen enfrentados en un escenario biodiverso, rico, poderoso, racista y xenófobo.
Colombia, mi patria querida, pasa por la época más cruenta desde los carteles del narcotráfico de los años 80 y 90, cuando se asesinaba por 500 euros, unos 2 millones de pesos, a policías y funcionarios que incomodaban. Cuando las fuerzas del estado, patrocinadas por mafias, mandaban a asesinar candidatos presidenciales y militantes de partidos políticos que se ganaban el afecto del pueblo.
Pensaba en el pasado estas escenas. Sin embargo, las noticias de este enorme país, de 50 millones de habitantes han hecho retumbar las redes sociales y al mundo entero desde el 28 de abril, cuando se inició un estruendoso paro nacional, que sigue vivo hasta la fecha y que mantiene enfrentados a compatriotas, como si enemigos fueran. Y lo peor, que los asesinatos han vuelto a ser titulares diarios.
Razones de fondo y muy conocidas
Un verdadero estallido social comenzó como una protesta contra la reforma fiscal y continúa como un reclamo de cambios más profundos. La ciudadanía se tomó las calles, como una llamada de atención al gobierno, para que se cumplieran las promesas hechas en campaña y los acuerdos de 2019, tales como prohibir el fracking, mantener los acuerdos de paz con las farc-ep y terminar los asesinatos de líderes sociales (campesinos, indígenas y reinsertados exguerrilleros), así como la judicialización de los explosivos casos de corrupción de miembros del gobierno, además de frenar la privatización de los servicios básicos primarios, como las pensiones, la salud y la educación.
La gente reclama equidad, en un país donde cada congresista gana 9.500 € mensuales, unos 38 millones de pesos colombianos, mientras que el salario mínimo está en menos de 400 € mensuales, poco más de 1 millón de pesos. El pueblo pide cambios, en donde la estructura socio económica y política tiene un marcado tinte de racismo institucional, relegando al último plano a afrodescendientes e indígenas, en donde el 50 % de la ciudadanía sufre la aporofobia, y es a ellos y ellas, cuando manifiestan sus necesidades, a quienes se les culpabiliza y criminaliza, no solo por los organismos oficiales, sino por el otro lado de la comunidad.
En un reporte del periódico económico portafolio de 2021, otra de las alarmas es el desempleo juvenil que, según el DANE (departamento nacional de estadística), se ubicó en el 25 %.
Si ahondamos más, la pobreza desencadena en delincuencia, al igual que el aislamiento geográfico y administrativo. Esto ha degenerado en narcotráfico y grupos de delincuentes, que flagelan a Colombia. Diversas entidades sociales y de derechos humanos han denunciado que estas agrupaciones se han mezclado en las manifestaciones pacíficas, para desencadenar una guerra que tiene en vilo la vida y las expectativas de todos y cada uno de los habitantes del país.
Sin libre expresión y temor latente
Uniendo estas piezas del puzzle, encontramos un escenario dantesco, sumado a la represión de las fuerzas del estado, con el escuadrón móvil antidisturbios, ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), o de contraguerrilla y advierte un ejecutivo incapaz de solventar las peticiones justas, cuerdas y masivas del pueblo, de forma dialogada y democrática.
La vida de un pobre, un rico, blanco, negro, indígena, mestizo, todas valen. Lo que no vale, jamás, es la violencia de unos contra otros. Y menos, la que ejercen las fuerzas del estado contra la población. No obstante, han aparecido cadáveres en los ríos cercanos a Cali, Pereira y algunas ciudades del norte del Valle del Cauca. Cuerpos desmembrados y decapitados, se suman a esta realidad dantesca.
De acuerdo con el informe de las ONG Temblores, INDEPAZ y País a la corte internacional de derechos humanos, CIDH, se han registrado prácticas sistemáticas de violencia perpetradas por miembros de la fuerza pública tales como: 1.248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género. Y no se nos pueden olvidar las amenazas por parte de los policías a los civiles retenidos, allanamientos, falsos casos judiciales contra líderes sociales y jóvenes estudiantes, etc.
Es un periódico de ayer
Este panorama me hace recordar la falsa seguridad de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, acusado de perpetrar 4.602 asesinatos de civiles, a quienes se les hizo pasar por guerrilleros, los famosos falsos positivos. Y es que el actual presidente de Colombia, Iván duque Márquez, es heredero de esta filosofía depredadora y poco dialogante, llena de discursos vacíos, ausentes de verdades fácticas y de maquillaje mediático.
La censura a los medios de comunicación alternativos y el bloqueo a las redes sociales de la ciudadanía que denuncia, han sido otra de las consecuencias de este enfrentamiento entre el pueblo y el estado. Infinidad de vídeos falsos, imágenes falsas y rumores que avivan la situación han sido los protagonistas durante estas semanas en los medios y redes, polarizando aún más a la gente y, sobre todo, desinformando al mundo.
Testimonios de líderes sociales del valle del cauca y periodistas alternativos explicaron que canales de noticias nacionales, comunitarios y locales han sido deshabilitados cuando han transmitido noticias que dan parte a actuaciones abusivas por parte de la policía y el ejército contra los civiles. Sus vídeos y transmisiones en directo fueron eliminados de las plataformas. Aquí vale la pena resaltar que en Colombia existen tres grandes grupos empresariales, o más bien tres hombres poderosos, propietarios de bancos, fondos de pensiones y por su puesto de los medios de comunicación. Son las organizaciones Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lule y Santo Domingo Valorem. Estas dominan la información y la narrativa de los hechos. Ni las redes sociales se salvan, pues toda noticia incómoda y reivindicativa es vetada o solapada.
Luces y sombras
En el transcurrir de estas protestas y desorden público en el que se encuentra Colombia, solo se logró la retirada de la reforma tributaria y la renuncia de su promotor, el ex ministro de hacienda, al igual que la reforma pensional y sanitaria. A la par, el presidente volvió a prometer fantasías y el congreso le hundió las promesas, la matrícula CERO, la ley que prohíbe el fracking, dio superpoderes a la Procuraduría, ratificó la sobretasa a la gasolina y negó la renta básica. Ese es el juego. Prometer, alargar, reprimir, y luego desviar la atención de la ciudadanía no participativa, con mensajes enrevesados en los medios de comunicación de pago y condenando a las manifestaciones y sus protagonistas, culpabilizándolos de los males del país.
Y mientras esto sucede, en el Congreso y en la cúpula ministerial cuelan las leyes que borran las esperanzas de alcanzar un estado de derecho, por lo menos en esta legislatura. Está claro que un estado no se desmorona en un mes, si hubiera tenido raíces profundas y fortalecidas. Una empresa no se acaba en un mes, ni echa a la calle a 400 trabajadores, por 30 días de manifestaciones. Hay una crisis de fondo, estructural, a la que se debe atender, en ambos casos.
Queda en el aire si habrá migraciones masivas de la colombianidad hacia el extranjero, o se mantendrán en la tierrita, construyendo país. Casi 300 mil vivimos en España, huyendo de la guerra civil no oficializada, escapando de las balas y las amenazas a la libertad, buscando opciones laborales y académicas, básicamente, hacia el encuentro de la dignidad humana.
Jaime, Ana, David, Carolina, Antonio, Javier, Juan Carlos, Juan Pablo, Celio, Luz, son solo algunos de los nombres, y yo misma, que reconocemos que nuestro país nos expulsó, nos empujó a construir una vida justa en otro lado del mundo. Y a la vez, reconocemos que debemos trabajar, desde la distancia, por el bienestar de quienes se quedaron allá, sobreviviendo.
Por ahora, la lucha se mantiene, en otra versión. La juventud ya despertó, el pueblo se hartó. Ni las balas, ni las tanquetas, ni las Venón amedrentarán a la población colombiana, que decidió lanzarse a la calle. Ahora combinarán trabajo, estudio y manifestaciones. Crecerán individualmente y como ciudadanía consciente y empoderada.
Así que, el paro continúa sin dar tregua, de forma asamblearia en comunidades, barrios y distritos. No se puede detener la lucha. Utilizarán la pedagogía y la memoria histórica como herramientas de concienciación de las juventudes y de las comunidades empobrecidas que sobrellevan en sus hombros décadas de corrupción, clientelismo y delincuencia. Enseñarán que la única arma es el voto y que el futuro está en las urnas.
Desde cualquier lugar del mundo, donde haya un o una colombiana, apoyaremos la resistencia. En mi caso y en el de muchas y muchos compatriotas, permaneceremos activas a través de la Resistencia Colombo andaluza. Nos vemos y nos escucharemos por los centros culturales y sociales, las calles y los parques de Andalucía. Eso seguro.
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